Integrantes de la comunidad campesina de Chimur (Paucartambo) se movilizaron hasta la ciudad del Cusco para denunciar que fueron desalojados “con violencia” de los baños termales que según aseguran administran ancestralmente. La intervención policial ocurrió el 21 de noviembre, con la presencia de alrededor de 500 efectivos, según relataron.
La abogada que asesora a la comunidad indicó que la municipalidad habría impulsado el desalojo con “intereses particulares” y utilizando documentos presuntamente falsificados. “Han sido desalojados de sus propios baños termales que ellos han posesionado de manera ancestral. Los mantienen con su trabajo, faenas y jornales. El municipio, buscando fondos en época electoral, ha realizado un desalojo supuestamente provisional”, afirmó.
Sostuvo que la comunidad presentó una acción de amparo, pero esta fue admitida cinco meses después, pese a que la ley establece un plazo de cinco días.
Además, denunció que el expediente fue derivado entre juzgados debido a que un juez alegó “amistad” con una magistrada vinculada al caso, lo que según dijo no constituye causal válida de inhibición.
