Sección: Cusco

  • En San Sebastián las cámaras no vigilan delincuentes… vigilan el polvo.

    En San Sebastián las cámaras no vigilan delincuentes… vigilan el polvo.

    Un millonario proyecto de seguridad ciudadana permanece abandonado tras cinco años de gestión ineficiente

    Lo que prometía ser uno de los proyectos emblemáticos en materia de seguridad ciudadana ha terminado convertido en un símbolo de desorganización y desidia. Más de 500 cámaras de videovigilancia permanecen almacenadas, inactivas, mientras el presupuesto inicial de 24 millones de soles se disparó a más de 56 millones. Así es, un incremento superior al doble para un proyecto que, después de más de cinco años, sigue sin culminarse y se reduce a cajas apiladas en un almacén municipal.

    La Contraloría ha lanzado las alertas, y lo que se ha encontrado dibuja un panorama sombrío: interminables ampliaciones de plazos, pagos cuestionados, equipos incompletos sin las pruebas necesarias y espacios convertidos en improvisados depósitos. Lo que debía garantizar la tranquilidad de los ciudadanos se ha transformado en un cúmulo de cámaras cubiertas de polvo, sin ninguna utilidad práctica.

    Mientras tanto, la alcaldesa Jackelin Jiménez y su gerente Héctor Ramos parecen estar más ocupados en cuidar su futuro político que en atender el evidente desorden administrativo y operativo a su cargo. Cuando las prioridades se centran en las campañas electorales en lugar de la gestión efectiva, surgen escenarios como este: millones gastados, proyectos inconclusos y una población que sigue esperando soluciones que nunca llegan.

    El caso además pone en duda la reputación de Héctor Ramos, quien ha insistido en presentarse como un «experto» en gestión pública. Sin embargo, los hechos cuentan otra historia: una obra atascada, cuestionada y convertida en el emblema de una gestión caracterizada por la improvisación.

    Hoy el distrito de San Sebastián no cuenta con un sistema moderno de seguridad ciudadana. Lo único que tiene son 500 cámaras almacenadas, inertes, enfrentadas a las paredes de un almacén. La pregunta ya no es cuándo estarán operativas, sino cuántos más recursos van a ser absorbidos por este desastroso proyecto.

  • Policía desarticula banda delincuencial «Los Bravos de la Av. Ejército»

    Policía desarticula banda delincuencial «Los Bravos de la Av. Ejército»

    Por el delito contra los derechos intelectuales y receptación.

    Agentes de la Comisaría de Cusco detuvieron a tres individuos sospechosos de estar involucrados en delitos contra los derechos de propiedad intelectual y el patrimonio. El operativo tuvo lugar este 7 de mayo de 2026, a las 14:00 horas, en las inmediaciones de la avenida Ejército, en el distrito de Cusco.

    Los detenidos fueron identificados como Diana P. (18), Arturo J. (19) y Alex H. (19), quienes presuntamente integran una banda criminal conocida como «Los Bravos de la Av. Ejército». Durante la intervención, se encontró a Diana P. y Arturo J. con celulares cuyo código IMEI había sido adulterado y figuraban como bloqueados en el sistema OSIPTEL/MININTER. Además, a Alex H. se le confiscó un dispositivo móvil reportado como robado.

    La policía procedió a la detención inmediata de los sospechosos y la incautación de los equipos, los cuales habrían sido manipulados para su clonación y receptación, afectando los derechos de sus propietarios legales y violando la normativa vigente en materia de telecomunicaciones.

    Los tres detenidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde se llevaron a cabo las diligencias de acuerdo con lo estipulado por la ley. Asimismo, se elaboraron las actas respectivas bajo la supervisión del representante del Ministerio Público.

  • Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco conmemora los 25 años del Qhapaq Ñan

    Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco conmemora los 25 años del Qhapaq Ñan

    Con diversas actividades programadas del 07 al 12 de mayo.

    La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, a través del Equipo de Trabajo del Qhapaq Ñan, desarrolla el evento académico y cultural denominado «25 AÑOS DEL QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO», programado del 07 al 12 de mayo, con motivo de conmemorar los XXV años de creación del Proyecto Especial Qhapaq Ñan, del Ministerio de Cultura.

    Las actividades conmemorativas incluyen una exposición fotográfica, el simposio denominado «Uso de tecnologías aplicadas a la investigación del Qhapaq Ñan Sistema Vial Andino», así como la presentación del libro «Qhapaq Ñan Cusco: Avances de Investigación», espacios orientados a fortalecer el conocimiento, valoración y difusión de este importante patrimonio cultural.

    Estas actividades contaron con la participación de la directora ejecutiva de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Mg. Maritza Rosa Candia, quien destacó que estas acciones tienen como propósito generar espacios de reflexión dirigidos a estudiantes de educación superior, profesionales y público interesado en conocer la importancia del Qhapaq Ñan.

    Mediante Decreto Supremo N.º 031-2001-ED, se creó el Proyecto Qhapaq Ñan como un programa de naturaleza especial adscrito al Ministerio de Cultura, con el objetivo de recuperar, preservar y poner en valor la red de caminos y sitios asociados al Qhapaq Ñan, destacando su trascendencia económica, social, cultural y articuladora entre los diversos pueblos del espacio andino prehispánico.

    Asimismo, esta importante iniciativa busca contribuir al desarrollo de las poblaciones vinculadas al camino andino, promoviendo la adecuada gestión del patrimonio cultural, el manejo organizado de los territorios y la participación comunitaria y ciudadana en los procesos de conservación y puesta en valor. Para celebrar este aniversario también se tiene programada una jornada de limpieza y visita guiada a secciones del Qhapaq Ñan Sistema Vial Andino, con la participación de estudiantes del programa de voluntariado de la Universidad La Florida de Estados Unidos

  • Apotur rechaza ampliación de venta presencial de boletos a Machupicchu y exige sistema 100% online

    Apotur rechaza ampliación de venta presencial de boletos a Machupicchu y exige sistema 100% online

    Gremio señaló que el retorno a esquemas de venta que priorizan la presencialidad representa «un retroceso frente a los avances en digitalización».

    La Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur) cuestionó la decisión de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco de ampliar la posibilidad de adquirir boletos presenciales para Machu Picchu con hasta tres días de anticipación, al considerar que la medida no resolverá la crisis actual y, por el contrario, profundizará los problemas en el destino turístico.

    A través de un pronunciamiento, el gremio señaló que el retorno a esquemas de venta que priorizan la presencialidad representa «un retroceso frente a los avances en digitalización» y reiteró la necesidad de contar con «un sistema único 100% digital, con trazabilidad total, reglas claras y capacidad de respuesta en tiempo real».

    Advirtió, además, que la ampliación de la venta presencial no mitigará la situación que actualmente se registra en Machu Picchu, donde turistas realizan largas colas desde tempranas horas para intentar conseguir una entrada. En esa línea, Apotur sostuvo que los sistemas que no integran todo el stock en una sola plataforma generan incertidumbre para el visitante internacional. Según indicó, un estudio realizado por el gremio en seis países, entre ellos Estados Unidos, Brasil y Reino Unido, revela que «7 de cada 10 potenciales turistas planifican su viaje íntegramente de manera online».

    «Los sistemas que no se integran a una sola fuente de administración de stock generan una incertidumbre crítica para el visitante internacional», afirmó. Asimismo, el gremio remarcó que el turista actual exige previsibilidad y acceso a información en tiempo real. «La falta de orden y predictibilidad impacta directamente en la reputación de la marca país y desalienta la intención de viaje al Perú«, señaló el pronunciamiento.

    Apotur también cuestionó que la medida haya sido planteada como una solución excepcional y transitoria. «Lejos de mitigar la crisis, este procedimiento agrava las distorsiones actuales y los problemas ya señalados», advirtió. Por ello, exigió a la DDC Cusco y al Ministerio de Cultura reconsiderar la decisión y disponer que «la totalidad de los boletos -incluyendo los 1,000 cupos en cuestión- se integren de manera obligatoria al sistema de venta en línea».

    Finalmente, Apotur reiteró su disposición para colaborar con las autoridades «en el diseño de soluciones técnicas que protejan la competitividad del Perú y devuelvan la confianza al mercado turístico internacional».

  • Testigo hunde a Albert Arenas en juicio oral: «nunca trabajé para Santa Teresa»

    Testigo hunde a Albert Arenas en juicio oral: «nunca trabajé para Santa Teresa»

    Por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como Director de Administración de la Municipalidad de Santa Teresa

    La situación judicial de Albert Arenas Yabar se complica seriamente en el juicio oral por presunto peculado doloso agravado. La Fiscalía solicita 10 años y 8 meses de prisión efectiva por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como Director de Administración de la Municipalidad de Santa Teresa.

    Según la acusación fiscal, Arenas habría administrado directamente habilitaciones económicas destinadas a la ejecución de un proyecto municipal, pese a existir residente y supervisor de obra, efectuando gastos que posteriormente fueron sustentados con recibos y boletas actualmente cuestionados por el Ministerio Público. La tesis fiscal sostiene además que existirían indicios de fraccionamiento de gastos y uso irregular de recursos públicos.

    Uno de los momentos más delicados del juicio ocurrió con la declaración del testigo Hugo Segovia Franco, quien apareció consignado en recibos por honorarios presentados dentro de la rendición observada por la Fiscalía. Sin embargo, el testigo declaró ante el juzgado que jamás trabajó para la Municipalidad de Santa Teresa, nunca realizó capacitaciones deportivas y que el recibo presentado con su nombre no habría sido llenado por él. Según afirmó, la letra, los datos consignados e incluso el número de DNI no coincidirían con los suyos, lo que fortalecería la tesis fiscal respecto a que en la rendición de gastos se habrían adjuntado documentos presuntamente falsos para justificar el uso de dinero público.

    Durante su testimonio, Hugo Segovia Franco también aseguró que Albert Arenas habría acudido personalmente al colegio donde laboraba para pedirle que «apoye» con su declaración en el proceso fiscal. El docente sostuvo que rechazó dicho pedido porque no conocía las actividades consignadas y no quiso involucrarse en hechos que según manifestó nunca realizó.

    La acusación fiscal también comprende otras sustentaciones observadas, entre ellas boletas por consumos y servicios, así como una boleta de 10 mil soles atribuida a supuestos gastos de alimentación. Por su parte, Albert Arenas sostiene que los recursos fueron administrados de manera transparente y todos los gastos se enmarcaron dentro del expediente técnico del proyecto. Será finalmente el Poder Judicial quien determine responsabilidades conforme al debido proceso.

  • Incidente con ciudadanos israelíes genera tensión en Pisac

    Incidente con ciudadanos israelíes genera tensión en Pisac

    Poblador que difundió las imágenes calificó lo ocurrido como una falta de respeto hacia la población de Pisac.

    Un reciente incidente protagonizado por ciudadanos israelíes ha generado preocupación en el Valle Sagrado de los Incas, en Cusco. Residentes del distrito de Pisac registraron el momento en que un grupo de aproximadamente 20 extranjeros realizaba una celebración con música a alto volumen en plena plaza pública.

    Según testimonios de pobladores, las actividades habrían alterado la tranquilidad habitual del distrito y continuaron incluso en un establecimiento privado frecuentado principalmente por extranjeros israelíes, pese a las quejas de residentes y la intervención de autoridades locales. Los vecinos cuestionan además que algunos visitantes extranjeros desacaten normas de convivencia y pretendan trasladar expresiones vinculadas a conflictos externos ajenos a la realidad cusqueña.

    Un ciudadano se acercó a increparlos y cuestionó si contaban con la autorización correspondiente para llevar a cabo la actividad. Posteriormente, agentes de la Policía y Serenazgo intervinieron y solicitaron los permisos respectivos, ante lo cual los involucrados no supieron qué responder.

    El vecino que difundió las imágenes calificó lo ocurrido como una falta de respeto hacia la comunidad local y exhortó a las autoridades a hacer cumplir las normas en el distrito. El malestar ha generado pedidos para que las autoridades de Migraciones y municipios refuercen la supervisión y el control del cumplimiento de las leyes por parte de turistas y residentes extranjeros en Pisac y otras localidades de la región Cusco. Pobladores señalaron que el turismo es una actividad importante para la economía local, pero remarcaron que todos los visitantes deben respetar las normas, costumbres y la convivencia pacífica en las comunidades andinas.

  • Papa León XIV celebra un año como sumo pontífice marcado por llamados a la paz

    Papa León XIV celebra un año como sumo pontífice marcado por llamados a la paz

    El pontífice de origen peruano-estadounidense celebró su primer aniversario como líder de la Iglesia Católica tras suceder al papa Francisco.

    Hace un año, el humo blanco sobre la Capilla Sixtina anunció al mundo la elección de un nuevo papa. Minutos después, el cardenal Robert Prevost fue presentado oficialmente como León XIV, convirtiéndose en el sucesor de Francisco y en el primer pontífice con nacionalidad peruana.

    Desde entonces, el papa León XIV ha marcado un estilo propio al frente de la Iglesia Católica, con constantes llamados a la paz, la defensa de la dignidad humana y la preocupación por los efectos de las tecnologías deshumanizadorasen la sociedad moderna.

    Su elección generó una profunda emoción en el Perú, especialmente en Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo durante varios años y consolidó un estrecho vínculo con la población. En esa ciudad del norte peruano, fieles y autoridades celebraron con orgullo el nombramiento del nuevo sumo pontífice.

  • Ley de Boleto Turístico fija distribución de lo recaudado por visitar lugares emblemáticos

    Ley de Boleto Turístico fija distribución de lo recaudado por visitar lugares emblemáticos

    Nueva norma promulgada por el Congreso asigna fondos a gobiernos regionales, municipios y al Mincul

    Mediante una ley aprobada y promulgada por el Congreso, se emitieron disposiciones sobre el boleto turístico, documento que permite ingresar a los monumentos arqueológicos, museos y lugares integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, administrados por el Ministerio de Cultura, distribuyéndose lo recaudado por su venta entre los gobiernos regionales y locales y el Ejecutivo.

    Se trata de la Ley 32586, que aparece publicada hoy en la separata del Diario Oficial El Peruano. Esta ha sido aprobada por el Poder Legislativo en el marco de una reconsideración, e insistiendo en su contenido, tras haber sido observada por el Poder Ejecutivo. En el documento se precisa que el boleto turístico permitirá «el ingreso temporal y con fines turísticos a dos o más monumentos arqueológicos, museos o lugares históricos integrantes del patrimonio cultural de la nación de propiedad pública, de manera integral o parcial».

    Sin embargo, en la cuarta disposición complementaria final de esta ley se exceptúa de la aplicación de la misma al Parque Arqueológico de Machu Picchu y a la Red de Caminos Inca del Santuario Histórico de Machu Picchu.

    Destino de la recaudación Las entidades que recibirán los fondos recaudados por la venta del boleto turístico son el Ministerio de Cultura, la dirección o gerencia regional de Comercio Exterior y Turismo respectiva y los municipios provinciales y distritales de donde están los monumentos, museos o lugares históricos integrantes del patrimonio cultural de la nación de propiedad pública.

    En tal sentido, del precio del boleto turístico, 20% irá para las municipalidades provinciales, 40 % para los municipios distritales, 30% para la Dirección Desconcentrada de Cultura y 10% para la dirección o gerencia regional de Comercio Exterior y Turismo correspondiente. Si el lugar se encuentra en el distrito que a su vez sea capital de la provincia de la región, se dará el 60%.

    Uno de los capítulos de la ley está dedicado al boleto turístico del Cusco, señalando que su administración, distribución, control y destino estarán a cargo del Comité de Servicios Integrados Turísticos Culturales del Cusco (Cosituc). De lo que se recaude por su venta, 20 % es para las municipalidades provinciales, 40 % para las distritales, 30% para la Dirección Desconcentrada de Cultura y 10% para la Gerencia Regional de Turismo y Artesanía. Esta distribución será previa «a la deducción del gasto operativo del Cosituc», se señala.

  • Alejandro Soto pierde en segunda instancia: confirman su responsabilidad civil por estafa

    Alejandro Soto pierde en segunda instancia: confirman su responsabilidad civil por estafa

    Sala Penal de Apelaciones del Cusco ratificó la culpabilidad civil del congresista y ordenó el pago solidario de S/287,271.54 por la sobrevaloración de un terreno, además de mantener los S/ 20,000 por servicios no prestados.

    La Primera Sala Penal de Apelaciones de Cusco confirmó la sentencia que declara la responsabilidad civil del actual congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Alejandro Soto Reyes, por su participación en el delito de estafa genérica -cuyo proceso penal prescribió en 2023- y por haber intervenido en una compraventa de terreno que generó un perjuicio de más de 287 mil soles en agravio de la empresa Transportes Wayna Picchu S.A.

    HECHOS DE SU RESPONSABILIDAD

    1. Cobro por trabajo no ejecutado: La sentencia de vista acreditó que Soto Reyes suscribió un contrato para elaborar estatutos modificados de la empresa, recibiendo pagos por S/ 20,000.00. Sin embargo, nunca entregó el servicio pactado. El Informe pericial N. 007-2018 confirmó: «se pagó por un servicio que no se prestó».

    2. Venta sobrevalorada de terreno: El hecho más grave ocurrió el 24 de diciembre de 2012. Soto Reyes, actuando como vendedor a través de una inmobiliaria, transfirió a la empresa un terreno en la Asociación Pro Vivienda Santa María – Larapa por

    FALLO EN SEGUNDA INSTANCIA Si bien el magistrado superior Pereira Alagón emitió un voto singular declarando la prescripción de la acción civil, la decisión mayoritaria (juezas Cáceres Pérez y Quispe Apaza) confirmó la responsabilidad civil del congresista. En concreto, el tribunal: Revocó el extremo de la sentencia que fijaba una indemnización en dólares (USD 215,000.00) por ser incongruente con lo solicitado por la parte civil. Reformó el monto, imponiendo a Soto Reyes (en calidad de solidario con su coimputado Mario Sequeiros Fajardo) el pago de S/ 287,271.54 (doscientos ochenta y siete mil doscientos setenta y un soles) por la venta del terreno. Mantuvo el pago de S/ 20,000.00 por el cobro indebido de honorarios.

    DEFENSA DEL LEGISLADOR Durante la audiencia de segunda instancia, realizada entre el 14 y el 21 de abril de 2026, la defensa del congresista argumentó que el servicio de estatutos sí fue entregado, aunque de forma tardía, y que la venta del terreno fue aprobada por el Directorio de la empresa. Soto Reyes, en su último dicho ante el tribunal, negó haber actuado de mala fe y calificó el monto de la reparación civil como «desproporcionado».

    SIN IMPLICANCIAS POLÍTICAS INMEDIATAS La sentencia no afecta su fuero parlamentario en cuanto a la responsabilidad penal, pues la acción penal ya había prescrito en 2023. Sin embargo, sienta un precedente judicial sobre la responsabilidad civil de funcionarios y congresistas por actos cometidos antes de asumir el cargo. Los abogados del congresista no han anunciado aún si interpondrán un recurso extraordinario.

  • ¿Qué se está gestando en Urubamba? Los verdaderos responsables detrás de la polémica licitación de la vía Hiram Bingham

    ¿Qué se está gestando en Urubamba? Los verdaderos responsables detrás de la polémica licitación de la vía Hiram Bingham

    Las decisiones del comité a cargo podrían cambiar el destino del proyecto y del turismo en Machu Picchu.

    El procedimiento de licitación para la ruta Hiram Bingham, la única vía de acceso hacia el mundialmente famoso santuario de Machu Picchu, ha desatado controversias y muchas preguntas sin respuesta. Este proceso, que podría tener un impacto significativo en el turismo y el desarrollo económico de la región, está siendo administrado por un comité especial con un poder considerable.

    Desde interpretar las bases hasta suspender o cancelar el procedimiento justo antes de la adjudicación, las decisiones que este comité tome podrían cambiar el destino del proyecto. Pero ¿quiénes son los responsables detrás del poder? Los documentos oficiales, particularmente la Resolución de Alcaldía N.° 031-2026-MPU/C, arrojan algo de luz sobre la composición del comité. Al frente del grupo está el gerente municipal, Wilfredo Condeña, quien lidera como presidente y figura clave en las decisiones que se tomen. Junto a él, Roger Condena, abogado y jefe de la Secretaría General, cumple labores de secretario.

    El comité también incluye a otros altos funcionarios de áreas estratégicas como Infraestructura, Administración, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Sin embargo, lo que realmente llama la atención es la participación de Dante Ramírez, un ‘experto independiente’, como único miembro externo. En medio de este escenario jerárquico, es claro que dos figuras concentran la toma de decisiones: el propio Wilfredo Condeña como presidente del comité y Dante Ramírez como validador técnico. Los demás parecen actuar más como acompañantes.

    El proceso parecía avanzar sin mayores tropiezos, habiendo ya superado la etapa de consultas y observaciones con varias empresas interesadas participando activamente. Sin embargo, fue precisamente una observación presentada por la empresa Transporte Internacional Trans Perú S.A.C. la que destapó una posible grieta profunda en la transparencia del proceso. El cuestionamiento tenía dos aristas principales. Por un lado, apuntaba al diseño del esquema de licitación, limitado a un rígido número de 24 unidades vehiculares que restringirían la competencia dentro del mercado.

    Pero el aspecto más explosivo vino con una acusación: Trans Perú afirmaba contar con autorizaciones válidas para operar en la misma ruta objeto de licitación. Aquí comienzan las inconsistencias documentales que ponen al comité contra las cuerdas. Según los registros administrativos revisados, Trans Perú sostiene que cuenta con dos resoluciones clave: la N.º 195-2022, que otorgaba inicialmente la autorización para operar en julio del 2022, y la N.º 788-2022, expedida en diciembre del mismo año para habilitar sus vehículos.

    Aunque la primera fue declarada nula en 2024 mediante la Resolución de Gerencia Municipal N.° 077-2024 y N.º 093-2024, no ocurrió lo mismo con la segunda resolución. Ningún documento oficial especifica su anulación. No obstante, cuando el comité respondió a las observaciones de Trans Perú, asumió -aparentemente sin sustento documental claro- que ambas resoluciones estaban anuladas. Este punto en especial es el núcleo del conflicto: no se puede negar que hay un desfase peligroso entre lo que dicen los documentos oficiales y cómo se presenta esa información dentro del procedimiento.

    Es aquí donde surgen preguntas inquietantes: ¿Por qué se omite mencionar que la Resolución N.º 788-2022 sigue vigente? ¿Qué implicaciones tiene esto para el proceso licitatorio en su totalidad? El comité tiene en sus manos una responsabilidad crucial. Según las mismas bases del proceso, no solo están habilitados para interpretar reglas y condiciones, sino también para cancelarlo si se detectan problemas que comprometan su transparencia. Si efectivamente existe una autorización vigente relacionada directamente con el objeto de esta licitación -la ruta hacia Machu Picchu- todo el planteamiento podría dar un giro dramático.

    Por ahora, queda claro que hay información clave ignorada o mal presentada por quienes tienen el deber de garantizar un procedimiento justo y transparente. La historia está aún por escribirse, pero lo cierto es que este no es solo un tema administrativo menor; lo que está en juego no es solo una adjudicación, sino también la credibilidad institucional y el futuro de uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. ¿Será esta una licitación más o estamos ante el preludio de un problema mucho mayor? El tiempo -y el comité- tendrán la última palabra.

    EL DATO: El tema que se analiza aquí presenta varias irregularidades dentro de los procesos administrativos relacionados con la empresa Transperú. Según lo expuesto, inicialmente hay dos resoluciones emitidas: una del 19 de julio de 2022 que reconoce la validez de dos unidades vehiculares para dicha empresa, y otra resolución posterior que le otorga autorización sobre dos flotas adicionales, sumando un total de cuatro flotas activas. Sin embargo, en agosto de 2024, existe una resolución emitida por la gerencia que declara la nulidad de uno de los documentos anteriores, lo que reduce la capacidad operativa de la empresa a dos flotas vigentes.

    A raíz de esta decisión, Transperú presentó un recurso de reconsideración ante la municipalidad, pero este es declarado improcedente. Paralelamente, se lleva a cabo un proceso de licitación manejado por un comité especial que parece estar lleno de inconsistencias. En este proceso, se debate si corresponde o no a la asignación de 24 unidades vehiculares.

    Aquí surge una interrogante clave: ¿cómo es posible que la municipalidad de Urubamba haya declarado nulas 22 unidades y, al mismo tiempo, promovido una licitación por 24? Esta contradicción es el centro de la observación planteada por Transperú. Lo más preocupante radica en la respuesta obtenida por parte de las autoridades: no solo se desestimó la observación realizada por la empresa, sino que además se emiten conclusiones basadas en información aparentemente imprecisa, lo cual genera dudas sobre la transparencia y legalidad del procedimiento. Así lo señala el abogado especialista Johann Multhuaptif, quien destaca la gravedad del asunto y el impacto que podría tener en el marco administrativo local.