Sección: Cusco

El visitante accidentado integraba un grupo de excursionistas y se encontraba a menos de una hora de culminar la ruta hacia la ciudadela inca cuando ocurrió el incidente

La emergencia registrada en el Camino Inca movilizó a equipos de rescate y autoridades de Cusco durante la tarde del miércoles. El turista australiano, Panton Mathew Cameron de 53 años, sufrió una caída a un abismo de 400 metros aproximadamente, en su intento de llegar a la Maravilla del Mundo por el ingreso de IntiPunku, esto según información que su guía le dio a las autoridades, zona de difícil acceso y que es uno de los trayectos más recorridos por visitantes nacionales y extranjeros en la región.
El accidente ocurrió cuando el grupo de excursionistas transitaba uno de los tramos cercanos al ingreso principal del santuario histórico. La información preliminar difundida por testigos y personal vinculado a la ruta permitió activar un operativo de búsqueda en una zona caracterizada por pendientes pronunciadas y caminos estrechos.
Las primeras alertas llegaron desde los propios acompañantes del visitante accidentado. Guías oficiales y excursionistas comunicaron el hecho a las autoridades de Machu Picchu, situación que permitió la movilización inmediata de brigadas de emergencia y efectivos policiales hacia el sector afectado.
Hasta el cierre de la información, no existía un reporte oficial sobre el estado de salud de la persona involucrada en el accidente.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:30 horas entre los sectores de Wiñayhuayna e Inti Punku, en el tramo correspondiente al kilómetro 106 del Camino Inca. Según los reportes difundidos desde Cusco, el visitante realizaba la caminata junto a un grupo de turistas y guías cuando cayó por un barranco por causas que todavía permanecen bajo investigación. Las labores de rescate enfrentaron dificultades debido a la geografía del sector. El área presenta pendientes profundas, vegetación densa y zonas estrechas que limitan el acceso rápido de los equipos especializados. Por ese motivo, las brigadas avanzaron con equipos de alta montaña y material de seguridad para intentar llegar hasta el punto donde quedó el turista.

Testigos sostienen que el visitante quedó suspendido en la pendiente
Personas que presenciaron el accidente indicaron que el visitante no llegó hasta el fondo del precipicio. De acuerdo con las versiones difundidas desde la zona, el turista habría quedado atrapado o suspendido en una parte intermedia de la pendiente. Ese detalle permitió mantener expectativas positivas entre los rescatistas desplazados hacia el lugar. Los reportes preliminares señalaron que la ubicación exacta del visitante todavía requería verificación debido a las características del terreno y a las complicaciones propias del acceso.
La Policía y las brigadas de emergencia continuaron las acciones de búsqueda mientras avanzaban las horas de la tarde. Los equipos trabajaron en coordinación con los guías turísticos que acompañaban al grupo, quienes aportaron información sobre el punto exacto donde ocurrió la caída.
El tramo entre Wiñayhuayna e Inti Punku forma parte de una de las rutas más transitadas del Qapaq Ñan en dirección a Machu Picchu. Muchos excursionistas recorren esa vía para llegar hasta la antigua llaqta inca y obtener vistas panorámicas del santuario histórico.

Hechos evidenciaron presunta responsabilidad de autoridades y servidores de comuna distrital de San Jerónimo

La Contraloría General de la República identificó que un vehículo oficial asignado al despacho de alcaldía de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo fue utilizado para actividades particulares, de manera injustificada y fuera del horario laboral, lo que significa un uso irregular de bienes del Estado.
En el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 005-2026-OCI/1627-AOP, que comprende el periodo de evaluación del 8 al 27 de abril de 2026, se señala que la unidad móvil fue interceptada por efectivos policiales mientras en su interior se transportaban bebidas alcohólicas, lo cual denotó un uso irregular e injustificado de bienes del Estado, no acorde a los objetivos institucionales, que afectó la imagen de la institución.
El hecho derivó en la detención de los ocupantes y la retención del bien estatal por parte de la Policía Nacional del Perú, que mantuvo bajo custodia el vehículo oficial intervenido durante una incursión nocturna en inmediaciones de una asociación de vivienda. Se constató que el vehículo transportaba a una persona ajena a la entidad, contraviniendo las disposiciones de control interno y seguridad.
La comisión de control analizó la papeleta de salida, los registros del cuaderno de control de vehículos y los informes de la oficina de recursos humanos, los cuales confirmaron que no existía una comisión de servicio autorizada ni justificación protocolar para el desplazamiento de la unidad en dicho horario. Estas decisiones omitieron las prohibiciones vigentes sobre el transporte de personal no autorizado y el uso de los bienes estatales.
Cabe indicar que el Reglamento Interno de Servidores Civiles y el Código de Ética de la Función Pública prohíbe estrictamente el uso de bienes, servicios o infraestructura estatal para asuntos personales o ajenos al cumplimiento de las labores asignadas.
Los hechos contravienen los principios de probidad y legalidad, ya que el uso de los recursos del Estado debe orientarse exclusivamente a la satisfacción del interés general y la obtención de niveles de eficiencia en la gestión pública.
Ante estos hallazgos, la Contraloría General de la República recomendó al titular de la entidad adoptar las acciones inmediatas que correspondan en el ámbito de sus competencias para el deslinde de hechos que evidencian presunta responsabilidad de autoridades y servidores de comuna distrital de San Jerónimo.

Vecinos expresan su preocupación ante el recién anunciado proyecto de “reparación” del espejo de agua de la Plazoleta de los Pumitas

La gestión del alcalde de Cusco, Luis Beltrán Pantoja, vuelve a ser cuestionada luego de anunciarse trabajos de reparación en el espejo de agua de la Plazoleta de Santa Catalina, intervención que se suma a las polémicas obras ejecutadas en el barrio de San Blas.
Vecinos y ciudadanos expresaron su malestar señalando que las obras recién se estarían ejecutando cuando resta poco tiempo para el término de la actual gestión municipal y a pocas semanas del inicio de las Fiestas Jubilares del Cusco. Además, cuestionaron que el plazo de ejecución anunciado sea de 60 días calendario, considerando la cercanía de las principales actividades festivas de la ciudad. Las críticas también apuntan a la planificación y priorización de proyectos en espacios emblemáticos del centro histórico, mientras diversos sectores exigen mayor transparencia y explicaciones sobre el impacto que tendrían estas intervenciones durante la temporada festiva.

Fiscalía Anticorrupción de La Convención, logra sentencia contra malos funcionarios e incluso dueña de una empresa

El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención, logró que se dicte sentencia condenatoria contra cuatro ex servidores públicos de la Municipalidad Provincial de La Convención y una empresaria, el Juzgado halló a los procesados responsables del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión simple, tras demostrarse las concertaciones ilícitas cometidas durante los meses de junio y julio del año 2015.
La medida judicial impuso una pena de cuatro años de prisión efectiva para Fany Díaz del Mar (exjefa de la Oficina de Abastecimiento), además se dictaron cuatro años de pena privativa de la libertad, convertida a 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, para José Dongo (exjefe de la Oficina de Personal) y Nilton Betancurt
(exjefe de la Oficina de Cotizaciones), por su parte, Kenny Pinares (exoperador del Siaf) y la empresaria Erika Araujo (gerente de Faberis E.I.R.L.) recibieron una pena de tres años de libertad convertida a 156 jornadas de servicio comunitario; adicionalmente, el fallo judicial estableció la inhabilitación para ejercer cargos públicos, penas de multa y fijó una reparación civil solidaria de 30 mil soles a favor del Estado.
De acuerdo con la investigación fiscal, los ex funcionarios municipales y la representante legal de la empresa Faberis E.I.R.L. concertaron para defraudar a la institución mediante el fraccionamiento deliberado en la compra de uniformes para el personal municipal, a través de cuatro requerimientos independientes por montos menores a las 3 UIT, que sumaron un total de S/ 45 480, los sentenciados evitaron llevar a cabo un proceso de selección regular y competitivo, vulnerando de forma directa los principios de transparencia, legalidad, competencia y eficiencia contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado.
Durante el juicio oral, el Ministerio Público acreditó graves irregularidades documentales y operativas en los procedimientos de contratación, tales como la sustracción y reactivación informática de órdenes de compra previamente anuladas en el sistema del área de abastecimiento, del mismo modo, se demostró que el proveedor entregó la totalidad de las prendas en un solo bloque y antes de que se emitieran formalmente las órdenes de compra obligatorias. Esta recepción anticipada e irregular fue validada por los propios ex funcionarios para asegurar el beneficio de la empresa adjudicada, configurándose plenamente el ilícito penal.

Según la información revelada por Cuarto Poder, Provías Nacional habría adjudicado el contrato al Consorcio Kabsa pese a la existencia de una orden judicial que disponía abstenerse de realizar actos administrativos relacionados con dicho proceso

La Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició una investigación preliminar contra funcionarios de Provías Nacional por la presunta contratación irregular de una obra de mantenimiento vial en Cusco valorizada en más de S/264 millones.
La medida se da luego de una denuncia periodística difundida por Cuarto Poder, donde se advertían presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de la obra.
La fiscal provincial Zoila Marianela Sueño Chirinos dispuso abrir investigación contra Claudia Dávila, exdirectora ejecutiva de Provías Nacional; Gisella San Yen, exjefa de la Oficina de Administración; Kenneth Salas, exjefe de Logística; y José Quinte, funcionario del área de Administración de Contratos.
Todos ellos son investigados por el presunto delito de colusión agravada. Asimismo, la fiscalía incluyó como investigada a Vanessa Vela, representante del Consorcio Kabsa, en calidad de presunta cómplice dentro de este caso.

Presunta irregularidad en adjudicación
Según la información revelada por Cuarto Poder, Provías Nacional habría adjudicado el contrato al Consorcio Kabsa pese a la existencia de una orden judicial que disponía abstenerse de realizar actos administrativos relacionados con dicho proceso.
La medida judicial también ordenaba mantener la buena pro otorgada inicialmente a otro consorcio que había resultado ganador del concurso público con una propuesta económica menor. Sin embargo, pese a esa disposición, la entidad habría continuado con el procedimiento que finalmente benefició al Consorcio Kabsa. La obra de mantenimiento vial en cuestión está valorizada en más de S/264 millones y corresponde a una importante intervención en la región Cusco.

Fiscalía realizará diligencias
El Ministerio Público realizará ahora una serie de diligencias para determinar si existieron acuerdos irregulares o favorecimientos indebidos durante el proceso de contratación.
La investigación buscará establecer además las responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios involucrados y de quienes resulten responsables.
El caso se encuentra actualmente en etapa preliminar mientras continúan las indagaciones fiscales sobre este millonario contrato adjudicado por Provías Nacional.

Un camión que transportaba a familias de escasos recursos cayó a un abismo en Japu, en la Nación Q’eros – Paucartambo. Heridos fueron trasladados al Hospital Regional del Cusco, Vehículo no contaba con SOAT

Una nueva tragedia enluta a la provincia de Paucartambo, en la región Cusco. El lunes, aproximadamente a las 16:00 horas, un camión que transportaba a varias familias de la Nación Q’eros sufrió una aparatosa caída a un abismo en la localidad de Japu, en la ruta Ocongate- Raqchi-Japu. El saldo es de cinco personas fallecidas y más de 20 heridos, varios de ellos en estado grave.
Según el director del Hospital Regional del Cusco, cuatro personas murieron en el lugar del accidente y una quinta falleció durante el traslado en ambulancia desde Paucartambo hasta la ciudad del Cusco. El nosocomio recibió a doce pacientes, de los cuales la mayoría presenta policontusiones de carácter leve.
Sin embargo, uno de los comuneros se encuentra en la unidad de trauma shock, inconsciente y recibiendo soporte médico intensivo. “Tiene lesiones, está con tequeado, está inconsciente, está recibiendo los soportes de los médicos de guardia”, precisó el director del hospital ante las cámaras.

Un camión sin SOAT y una carretera en estado crítico Los comuneros de la zona señalaron desde el primer momento que el camión accidentado no contaba con SOAT, lo que generó preocupación sobre la cobertura de la atención médica de los heridos. El director del hospital aclaró que por ley de emergencia todos los pacientes reciben atención y medicamentos durante las primeras 24 horas, y que posteriormente el Seguro Integral de Salud (SIS) cubre los gastos en ausencia del seguro vehicular.
Pero la ausencia del SOAT no fue el único factor cuestionado. Comuneros y docentes que trabajan en la zona denunciaron que el mal estado de la carretera que une a las comunidades de la zona alta con la Nación Q’eros es la causa de fondo del accidente. Las autoridades comunales exigen con urgencia el mantenimiento de esa vía y solicitaron apoyo para los heridos, las familias afectadas y los niños que quedaron en orfandad tras la muerte de sus padres.
“Por el mal estado de la carretera se haya suscitado el fatal accidente”, señalaron los comuneros, quienes también pidieron apoyo psicológico para los menores afectados.

Planillas previstas para el año 2026 incluyen un incremento del 40.57% en conceptos adicionales a las remuneraciones

Diversos documentos y evidencias sugieren la existencia de un grupo reducido de trabajadores nombrados en la Empresa Municipal de Festejos del Cusco (EMUFEC), cuyo número no superaría la decena, que aparentemente tienen como propósito minimizar al máximo los gastos e inversiones relacionados con las celebraciones de las Fiestas del Cusco. Sin embargo, esta actitud no parece responder a un interés auténtico por fomentar el ahorro, sino más bien a la intención de generar excedentes en los balances financieros, lo que incrementaría las utilidades destinadas a ser distribuidas entre ellos al final del año fiscal.
Esta situación resulta particularmente preocupante al analizar los reportes de pagos de sueldos y beneficios adicionales. En dichos informes se advierte una tendencia alarmante: las planillas previstas para el año 2026 incluyen un incremento del 40.57% en conceptos adicionales a las remuneraciones, producto de los «ahorros» implementados por estos trabajadores nombra- dos de EMUFEC.

Fátima Altabás respalda y mantiene en el cargo a Maritza Rosa Candia en la DDC Cusco. La decisión profundiza las críticas sobre el manejo institucional del sector, marcado por demoras, silencios administrativos y falta de rendición de cuentas en medio de crisis que afectan directamente al patrimonio y la gestión cultural en la región

En el Ministerio de Cultura parece haberse consolidado una práctica que, lejos de resolver crisis institucionales, las administra en silencio y con reciclajes administrativos que generan más dudas que certezas. En ese contexto, la reciente decisión sobre la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco vuelve a poner en el centro del debate a la funcionaria Maritza Rosa Candia, cuya permanencia en el cargo no solo ha sido ratificada, sino presentada como una nueva designación bajo un esquema que en la práctica no cambia el fondo de su continuidad.
Mediante la Resolución Ministerial N° 000163-2026-MC, la ministra de Cultura, Fátima Altabás, designó a Maritza Rosa Candia como Directora de Órgano Desconcentrado de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura. Según los considerandos de la norma, el puesto se encontraba vacante y contó con el visto bueno de la Secretaría General, la Oficina General de Recursos Humanos y la Oficina General de Asesoría. Sin embargo, en los hechos, lo ocurrido no representa un ingreso nuevo a la función pública, sino una ratificación de quien ya venía ejerciendo como directora interina.
Este punto es clave, porque la narrativa oficial intenta presentar una renovación administrativa donde en realidad existe continuidad. Y esa continuidad arrastra cuestionamientos previos que no han sido esclarecidos del todo. Durante su gestión interina, Candia enfrentó observaciones vinculadas a problemas administrativos serios,
entre ellos el bochornoso episodio del desalojo de las oficinas de la Dirección Desconcentrada de Cultura en Cusco por falta de pago del alquiler, una situación que expuso la gran precariedad en la gestión de recursos básicos.
Tras el desalojo de las oficinas en Cusco por deuda, Maritza Rosa Candia guardó un silencio cómplice.
El posible desalojo en Cusco destapa algo más grave que una deuda: una gestión que prefiere callar antes que rendir cuentas. Desde Cusco piden la renuncia de la directora interina.
El problema no se limita a los procedimientos administrativos. En el entorno del Ministerio de Cultura se ha ido instalando una percepción cada vez más extendida: la del silencio como respuesta política. En Cusco, esa percepción tiene un nombre concreto en el debate público y sindical: Maritza Rosa Candia, quien, frente a situaciones de crisis, habría optado por una estrategia de baja exposición pública y escasa comunicación oficial.
En una institución con responsabilidades sobre patrimonio cultural y gestión territorial, un hecho de este tipo habría requerido explicaciones inmediatas, medidas preventivas y comunicación transparente hacia la ciudadanía. Sin embargo, lo que se observó fue una ausencia prolongada de información oficial.
A estos cuestionamientos se suman antecedentes que ya habían generado controversia en etapas previas de su trayectoria pública. Entre ellos figura el caso vinculado a Joinnus, así como denuncias e irregularidades administrativas señaladas durante su gestión anterior. Aunque estos episodios no han derivado en sanciones concluyentes, sí forman parte del historial que hoy vuelve a ser discutido en el marco de su continuidad en el cargo.
El caso adquiere mayor complejidad cuando se revisan hechos ocurridos en mayo de
2023, durante su etapa de gestión interina. En ese periodo, el Ministerio de Cultura fue cuestionado por no separar del cargo a dos altos funcionarios denunciados por presunto acoso sexual. En lugar de su destitución, se optó por su rotación a otros puestos dentro del sistema.
Frente a estos señalamientos, Maritza Rosa Candia rechazó que su despacho hubiera protegido a los denunciados y negó cualquier intento de encubrimiento. Sin embargo, nuevamente surgieron cuestionamientos respecto a los tiempos de reacción institucional. Según la documentación revisada, las medidas administrativas adoptadas en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco se ejecutaron recién 14 días después de presentada la denuncia contra los altos funcionarios del Ministerio de Cultura, lo que ha sido interpretado como una respuesta tardía frente a hechos de gravedad.
A pesar de este conjunto de observaciones, la reciente resolución ministerial no solo confir- ma su continuidad, sino que en la práctica la “reinstala” formalmente en el cargo. Este punto ha generado críticas sobre lo que algunos describen como un proceso de reciclaje de funcionarios cuestionados, donde las decisiones no implican una re- novación real de la gestión, sino una reconfiguración formal de nombres ya conocidos dentro de la estructura institucional.
La ministra Fátima Altabás, al respaldar la Resolución Ministerial N° 000163-2026- MC, aparece como pieza clave en esta decisión administrativa que busca cerrar filas alrededor de la dirección cultural en Cusco. Sin embargo, el efecto político de la medida es contrario al esperado: en lugar de generar confianza, refuerza la percepción de continuidad sin rendición de cuentas. En Cusco, mientras tanto, la preocupación no es solo administrativa. La posibilidad de desalojo de oficinas, las denuncias acumuladas, los cuestionamientos sindicales y la falta de respuestas públicas construyen un escenario de incertidumbre institucional. Se trata de una gestión que, para sus críticos, parece más enfocada en sostener equilibrios internos, que en resolver problemas estructurales. El caso de Maritza Rosa Candia
se convierte así en un símbolo de una tensión mayor dentro del sector cultura: la dificultad de separar la continuidad burocrática de la responsabilidad política. Y en ese vacío, la percepción que se impone es dura: no hay renovación real, sino repetición de nombres en medio de crisis no resueltas, donde el silencio y la permanencia terminan siendo parte del mismo problema.

El accidente se produjo el ultimo 14 de mayo de 2026, a la 1:30 p.m., en la avenida Dos de Mayo, en la ciudad de Sicuani. En este lamentable hecho, una menor de seis años resultó víctima de un atropello. Agentes de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Sicuani detuvieron al presunto responsable, identificado como Fredy E. A., de 33 años, quien manejaba un scooter eléctrico sin placa de rodaje. Según se informó, el conductor impactó contra la menor mientras esta transitaba por la zona.

Tras el accidente, la niña fue auxiliada rápidamente y trasladada al Hospital Alfredo Callo Rodríguez de Sicuani. Allí, el personal médico la diagnosticó como policontusa debido al accidente de tránsito, con una fractura en la clavícula izquierda, quedando bajo observación y atención médica.

Por su parte, el conductor fue puesto a disposición de la Comisaría PNP de Sicuani, donde permanece detenido bajo sospecha de cometer el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones culposas. Actualmente, las investigaciones están en curso bajo la supervisión del Ministerio Público.