Mientras la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco anuncia una nueva etapa de modernización institucional, el retorno de funcionarios cuestionados, las pugnas internas y el surgimiento de un sindicato integrado por ex altos cargos reavivan las dudas sobre si la reforma busca transformar la entidad o perpetuar viejas prácticas de poder.
En una región donde el patrimonio no solo representa identidad, legitimidad histórica sino también sustento económico para varias familias en la región del Cusco, la gestión pública en el sector cultura debería ser un ejemplo de eficiencia y transparencia. Sin embargo, la situación de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco evidencia una crisis enraizada y profunda que se arrastra desde hace años: procesos de reorganización que se anuncian con ambición, pero que en la práctica quedan atrapados en el papel.
Lejana quedo aquella promesa de modernización que varios ministros(a)s de cultura, así como director (a)s de la DDC-Cusco ofrecieron mediante discursos oficiales, reiterativas mesas de trabajo y documentos técnicos que apuntaban a una mejora de los servicios a favor de la sociedad cusqueña y de la población en general a través de la prestación efectiva de los servicios culturales. No obstante, la percepción de la población es distinta: desarticulación interna, duplicidad de funciones y como si fuera una plaga que contamina esta institución, “el retorno de funcionarios cuestionados en espacios claves de decisión». La reorganización anunciada como una oportunidad para corregir deficiencias, termina siendo absorbida por prácticas que debilitan su propósito.
Reorganización en el papel, continuidad en la práctica
La reorganización institucional implica mucho más que seguir lineamientos del Ministerio de Cultura del Perú, que durante algún tiempo vienen insistiendo en la necesidad de mejorar la calidad del servicio público y optimizar funciones. No obstante, en la práctica, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco muestra señales de estancamiento, además de la falta de liderazgo, capacitación, seguimiento y, sobre todo, voluntad política, estos últimos elementos parecen totalmente ausentes o en el mejor de los casos, insuficientes.
La falta de implementación de los tan anhelados instrumentos de gestión como el Manual de Clasificador de Cargo (MCC), Cuadro de Asignación de Personal (CAP), sumada a la débil supervisión, ha permitido que la estructura institucional no cambie ni en apariencia, mucho menos de fondo. Y en ese escenario, la rotación de funcionarios no responde a criterios de meritocracia, sino a dinámicas que generar serias dudas.
El retorno de funcionarios y personal cuestionados.
Uno de los aspectos más sensibles y menos transparentes, es el regreso de funcionarios que en el pasado han sido objeto de cuestionamientos, observaciones administrativas o críticas por su desempeño. En lugar de marcar una ruptura con prácticas deficientes, la institución parece reincidir en ellas.
Estos retornos no solo afectan y mellan la credibilidad institucional, sino que también, envía un mensaje negativo al personal y a la ciudadanía: “Que no existen consecuencias reales frente a una mala gestión”. La reincorporación de estos funcionarios y personal cuestionados en posiciones de influencia refuerza la percepción de una institución cerrada, donde los cambios no implican renovación, sino reacomodo. Más aun, esta situación debilita cualquier intento de reforma, lo que llama a cuestión de toda la población y clase trabajadora. ¿Cómo implementar una gestión moderna si quienes deben liderarla arrastran cuestionamientos previos? ¿Cómo exigir eficiencia sino se garantiza la idoneidad?
Para muestra un botón, el retorno a la Unidad de Recursos Humanos, del abogado Omar Karell Baca Moreano, quien adjudicó el 2018 a una plaza en la DDC-Cusco como abogado IV para la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, según el Proceso CAS N°028-2018-DDC-CUS/MC; con un sueldo nada despreciable; y como si fuera poco, en el año 2022, el Tercer despacho de Investigación de la Fiscalía provincial Penal Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco dispuso acumular la carpeta fiscal N°55-2022 con la carpeta fiscal N°33-2022, esta última se apertura a raíz de la denuncia presentada por la Procuraduría Publica Adjunta de la Contraloría General de la Republica en febrero del 2022, en base al informe de auditoría de cumplimiento N°30650-2021-CG/SOCC-AC, contra los funcionarios señalados, debido a que los funcionarios habrían incumplido deliberadamente la normativa de contrataciones del Estado en la compra del terreno para su local institucional.
Uno de los principales problemas que puede enfrentar cualquier organización sindical es el predominio de intereses personales por encima de las demandas colectivas de los trabajadores. Cuando la representación deja de orientarse al bienestar común y comienza a responder a objetivos particulares, el sindicalismo pierde legitimidad y debilita la confianza de las bases.
La situación se vuelve más sensible, cuando, surge un nuevo gremio sindical en la DDC-Cusco, “cuyo fin supremo es la lucha permanente y consecuente de los derechos laborales” según refiere su estatuto (Art. 5°), cuya junta directiva está integrada por Ex funcionarios de alto rango, como es el caso de la Abog. Kenia Rojas Pilares, Sub Secretaria del SINTRADDC-CUSCO, quien en fecha 02 de mayo del 2025, a través de la RM N°000113-2025-MC; fuera designada como Asesora II de la Secretaria General del MINCUL, en la gestión fallida del Ex Ministro, Fabricio Valencia Gibaja. Y para no creerlo, dicha dirigente sindical, en fecha 28 de abril del 2026, con Memorando N°00438-2026-URH/MC, fue designada como “Encargada de la Jefatura de la Unidad de Asesoría Jurídica”, llamándonos a cuestión que, ¿Si realmente se defienden los intereses gremiales o intereses personales?, ¿Existe conflicto de intereses al ser dirigente y estar ahora de lado de la parte empleadora?, ¿Dónde queda la ética y moral que todo dirigente de propugnar? ¿Que realmente defiende el SINTRADDC-CUSCO?
Y para seguir admirándonos de estas situaciones posiblemente irregulares, a través del Memorando N°000882-2025-URH/MC, de fecha 18/12/2025; el Ex Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, solicito a la Abog. Paola Maruja Alluca Davalos, hoy Secretaria de Defensa Laboral del SINTRADDC-CUSCO, “entregar información que estuvo a su cargo durante el tiempo que laboró en dicha unidad”, dicha información, señalan nuestras fuentes en la DDC-Cusco, seria justamente documentación importante que daría inicio al proceso de la reorganización de esta institución a través de la elaboración de los diferentes instrumentos de gestión. ¿Realmente buscan la reorganización de la DDC-Cusco?, o ¿Se busca frenar la tan anhelada reorganización de esta institución que es exigida por toda la sociedad cusqueña? Hay mucho por decir y mucho por cuestionar.
El debate de fondo no solo involucraría a los dirigentes de dicho gremio sindical, sino también, a Ex Directores y Ex Sub Directores, que compondrían este nuevo sindicato, como es el caso del Ex Director Abog. Jorge Luis Moya Cohaguila quien fuera designado cono director encargado a través de la R.M N°0362-2024-MC, y que posteriormente fuera designado como Asesor II de la Secretaria General del MINCUL con R.M. 000116-2025-MC. ¿Intereses personales o realmente buscan defender a la clase trabajadora? Muchas interrogantes que pondrían en cuestión la finalidad de la creación de este nuevo sindicato.
Y para no creerlo, además, dicho sindicato contaría también con el respaldo de una Ex Subdirectora, que, según el 5° Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia, a través del Expediente N°00394-2022-0-1001-JR-CI-05; declaro fundado el pedido de embargo solicitado por el Procurador del Ministerio de Cultura, encontrándose esta en el proceso de la etapa de ejecución de la sentencia dictada en el expediente por resolución N°32 del 29 de mayo del año en curso, donde se ha requerido el pago de la suma dispuesta en la sentencia bajo apercibimiento de proceder a la ejecución forzada.
El desafío de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco no es menor. No se trata únicamente de reorganizar estructuras, sino de transformar prácticas. Esto implica decisiones difíciles, como apostar por la meritocracia, fortalecer mecanismos de control y evitar la reproducción de esquemas que han demostrado ser ineficientes.
Permitir el retorno de funcionarios cuestionados no solo contradice estos principios, sino que pone en duda la autenticidad del proceso de reforma, y más aún, si dentro de esta se crean sindicatos que al parecer en lugar de contribuir a realizar mejoras institucionales y luchar por la clase trabajadora, perseguirían intereses particulares, en ¿Quién ahora los trabajadores de Cultura y la sociedad cusqueña deben creer?
Lejos de consolidar un proceso de modernización institucional, la entidad parece atrapada en un círculo repetitivo donde los cambios son solo formales y los actores permanecen. La reorganización, anunciada como una oportunidad para corregir deficiencias, termina siendo absorbida por prácticas que debilitan su propósito.
