Desde Santo Tomás, capital de la provincia de Chumbivilcas, las organizaciones sociales y comunales se pronunciaron en defensa del agua y la vida. Representantes del Comité de Lucha de Santo Tomás y Llusco, la Liga Agraria de Chumbivilcas y diversos frentes de defensa manifestaron su firme oposición al proyecto minero Crespo, ubicado en cabecera de cuenca, el cual se pretende imponer sin consulta previa ni consentimiento de las comunidades afectadas.
Durante el evento, el presidente del Comité de Lucha, Prof. Víctor Laime Mantilla, junto a Rodando Ataucuri, Grover Álvarez y Percy Negrón, advirtieron que la instalación de esta mina vulnera gravemente los derechos colectivos de los pueblos originarios, reconocidos por el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338).
“Desde Chumbivilcas queremos dirigirnos al Cusco, al Perú y al mundo. Lo que está ocurriendo es un atropello a nuestra tierra, nuestro territorio, nuestra autonomía y nuestras fuentes de vida. La mina Crespo se impone sin consulta previa y pretende operar en cabecera de cuenca, poniendo en riesgo el río Santo Tomás, el río Velille y la vida de miles de familias río abajo”, denunciaron.
Los dirigentes recordaron que el Estado peruano es signatario del Convenio 169, el cual otorga rango constitucional al derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su territorio y recursos naturales. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas otorgó autorizaciones a la empresa sin realizar un proceso válido de consulta previa.
También alertaron sobre el historial de contaminación ambiental de la empresa Crespo SAC, parte del Grupo Apumayo, en regiones como Ayacucho y Puno. “Esta empresa ha contaminado cuencas en el sur andino, como Hatun Ayllu y Llallimayo, afectando incluso al lago Titicaca. No permitiremos que lo mismo ocurra aquí”, enfatizaron.
Omisiones graves del estado y denuncias ignoradas
Los representantes comu- nales informaron que desde marzo han presentado solicitudes formales ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para declarar como zona intangible la cabecera de cuenca en las microcuencas de Chacña, Ccayacti e Inti Cusasma, sin recibir respuesta concreta hasta la fecha. También han solicitado la nulidad de la licencia de uso de agua subterránea otorgada a la empresa, pero el Estado permanece en silencio.
Asimismo, denunciaron que el Ministerio de Energía y Minas justificó la ausencia de consulta previa alegando que las comunidades no son indígenas, una interpretación que contradice tanto los criterios del propio Estado como las normativas internacionales.
“Nos niegan el derecho a ser escuchados. Nos entretienen con oficios y dilaciones mientras la empresa avanza sin control. Cuando exigimos ingresar a las verdaderas zonas de intervención minera, nos impiden el acceso y solo muestran lo que les conviene. Así no se construye confianza, se perpetúa el abuso”, señalaron.
También informaron que la Fiscalía Ambiental del Cusco no ha respondido a una denuncia preventiva presentada el 12 de junio, mientras que el Poder Judicial de Chumbivilcas demoró cinco días en admitir una acción de amparo por falta de clave de acceso digital. “Si la minera nos denunciara, seguro al día siguiente ya estarían procesándonos”, ironizó uno de los voceros.
Hallazgo científico ignorado en medio de la preocupación Tras la movilización de más de 7 mil personas en Santo Tomás, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña realizó una visita técnica el pasado 26 de abril. En ella se constató la presencia de glaciares de roca, agua fosilizada y ecosistemas frágiles considerados bancos de agua subterránea, esenciales para la formación de bofedales, lagunas y riachuelos.
A pesar de ello, los dirigentes denunciaron que ya se han iniciado excavaciones en zonas sensibles para instalar fosas de lixiviación, lo que representa una amenaza directa para la vida de las comunidades aguas abajo.
Demandas urgentes al estado y advertencia al país
Finalmente, el Comité de Lucha reiteró su llamado urgente al Estado peruano, al Congreso de la República, a la Defensoría del Pueblo y a organismos internacionales para que se respete la voz de los pueblos y se detenga de inmediato la ejecución del proyecto Crespo en cabecera de cuenca.
“Estamos acudiendo a todas las instancias legales, actuando con transparencia, firmeza y en paz. Pero si el Estado continúa ignorando nuestras demandas, no seremos responsables de las consecuencias que puedan generarse. El pueblo ya despertó, y el agua no se negocia”, concluyeron.
