La larga historia de un contrato polémico
El 4 de setiembre de 1995, se firmó un contrato de concesión entre la Municipalidad Distrital de Machupicchu y Consettur Machupicchu S.A., hoy Consettur SAC, otorgándole la exclusividad del servicio de transporte terrestre en la ruta Aguas Calientes- Santuario Histórico de Machu Picchu.
Este acuerdo fue sucesivamente prorrogado. Sin embargo, en el 2001, la empresa afirmó que su contrato tenía una duración de dos años, para luego, en el 2007, asegurar que era por 30 años, el plazo máximo permitido. Esta contradicción llevó a un proceso judicial donde se declaró falso el contrato de 30 años, una decisión ratificada por la Corte Suprema.
Cuestionamientos del Tribunal Constitucional e INDECOPI
Actualmente, según el INDECOPI, Consettur no tiene un título habilitante válido para operar. A pesar de esto, aún no hay una declaración judicial formal de nulidad. Desde 2021, el Tribunal Constitucional ha recomendado una nueva licitación que incluya la participación del Ministerio de Transportes y el SERNANP.
El TC ha señalado que incluso si los contratos fueran válidos, serían inaplicables por ir en contra de normas constitucionales que prohíben los monopolios artificiales. El fallido proceso sancionador y el cambio de gestión
La anterior gestión de la provincia de Urubamba inició un proceso administrativo sancionador contra Consettur, emitiendo dos resoluciones que penalizaban a la empresa por operar sin un título habilitante. Sin embargo, la actual gestión municipal optó por declarar la nulidad de ambas resoluciones, lo que llevó a la sustracción de la materia en el proceso contencioso administrativo iniciado por Consettur.
Esta decisión detuvo el proceso sancionador. Emisión de nuevas autorizaciones con irregularidades A fines de la anterior gestión, se emitieron 21 autorizaciones a nuevas empresas para que pudieran operar en la ruta, en un intento por romper el monopolio de Consettur. Sin embargo, este proceso ha sido cuestionado tanto por el SERNANP como por la actual gestión municipal, y existen varios procesos judiciales en curso que han generado aún más incertidumbre.
El dilema de la nueva licitación y el MTC La Municipalidad de Urubamba ha solicitado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la acreditación de representantes para conformar un comité consultivo para el nuevo proceso de licitación. A pesar de ello, la municipalidad emitió la Ordenanza Municipal N° 008-2025-MPU/C sin contar con la opinión técnica previa del MTC, un requisito fundamental según el Reglamento Nacional de Administración de Transporte.
Esta irregularidad fue advertida por la Contraloría General de la República, lo que podría invalidar el proceso. El elevado costo del servicio y la mínima contribución
El servicio de transporte en la carretera Hiram Bingham cobra 24 dólares a turistas extranjeros y 15 a nacionales por un recorrido de 18.4 km. Este costo es considerado excesivamente alto, con un valor de 0.77 dólares por kilómetro, una cifra que, comparada con una ruta de 1,100 km como Lima-Cusco, ascendería a 854.7 dólares. Por otro lado, la contribución de Consettur a la Municipalidad de Machupicchu es de tan solo 7,000 dólares mensuales, una cifra que representa menos del 1% de sus ingresos anuales proyectados, según un informe económico.
El riesgo de un colapso turístico La Municipalidad de Urubamba ha enviado una carta notarial a Consettur indicando que el contrato de operaciones vence el 4 de setiembre de 2025.
Dado que no hay un nuevo proceso de licitación en marcha ni un nuevo operador, se advierte de un posible cese de las operaciones, lo que afectaría negativamente al turismo en la zona. Expertos señalan que una licitación de esta envergadura podría tardar al menos 90 días, un plazo que las autoridades de Urubamba deben gestionar con urgencia para evitar un colapso en el servicio.
Conclusiones y recomendaciones clave
La Municipalidad Provincial de Urubamba debe tomar medidas urgentes para resolver la situación del transporte a Machu Picchu. Es fundamental que la Procuraduría Pública de Urubamba defienda los intereses del Estado, incluso considerando la creación de una Procuraduría Ad Hoc si el caso lo amerita, para investigar y sancionar posibles delitos de funcionarios públicos.
Además, se debe solicitar al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) que proponga una fórmula para establecer tarifas justas para los futuros operadores, garantizando un costo adecuado para los usuarios. Para dar validez al proceso, es imperativo que se declare la nulidad del contrato actual de Consettur.
Esta nulidad podría ser judicial o administrativa, basándose en la falsedad del documento y las irregularidades señaladas por el INDECOPI. Asimismo, se debe presionar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que emita prontamente su opinión técnica sobre las normas complementarias aprobadas por la Municipalidad, facilitando así el inicio del nuevo proceso de contratación.
La acción de cumplimiento que se planea presentar es una herramienta clave para acelerar este proceso y asegurar que se cumplan las exigencias legales.
