La eventual designación de Alfredo Mormontoy Atayupanqui como subdirector de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco coloca nuevamente bajo escrutinio al ministro Beingolea. Sobre el arqueólogo pesan antecedentes que incluyen una investigación por presuntos delitos contra la administración pública y una intervención fiscal y policial por supuestos cobros irregulares a docentes de la UNSAAC
De acuerdo con la información conocida, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, anunció que el arqueólogo Mormontoy será designado en las próximas horas subdirector de la Dirección Desconcetrada de Cultura de Cusco. La decisión resulta especialmente sensible porque la DDC Cusco no administra una oficina burocrática cualquiera: tiene bajo su responsabilidad la protección, conservación y gestión de uno de los patrimonios arqueológicos e históricos más importantes del país.
Por eso, antes de nombrar a quien ocupará un puesto de mando, la pregunta inevitable es sencilla: ¿qué criterios de idoneidad ha aplicado el Ministerio de Cultura?
La trayectoria de Mormontoy contiene elementos que merecen ser revisados.
El expediente que conduce al caso Sheraton
Uno de los antecedentes más delicados aparece relacionado con el denominado caso Hotel Sheraton. Según la información proporcionada y los antecedentes fiscales citados, Mormontoy figura como investigado dentro de la Carpeta Fiscal N.° 50-2018, en una investigación vinculada con presuntos delitos contra la administración pública. En la documentación señalada aparece investigado por presunto cohecho pasivo propio y organización criminal, conforme a la Disposición Superior N.° 422-2019-3FSP-CUSCO.
El asunto no es menor. El caso Sheraton se originó por la construcción de un edificio en la calle Saphy, en pleno Centro Histórico del Cusco. El proyecto terminó convertido en uno de los mayores conflictos recientes entre inversión privada, autoridades públicas y protección del patrimonio arqueológico.
El Poder Judicial ordenó la demolición de la construcción y la restitución de los andenes incas afectados. Las resoluciones judiciales reportadas en 2019 señalaron la remoción de cinco filas de andenes incaicos y cuestionaron la legalidad de los permisos que permitieron la obra.
Hay, sin embargo, un dato que vuelve a poner el caso sobre la mesa en 2026: la sentencia todavía no habría sido ejecutada plenamente. Una información publicada el 17 de agosto de 2026 señala que, siete años después de la decisión judicial, continúa pendiente la demolición y la restitución de los andenes, situación que incluso podría derivar en nuevas acciones ante la Junta Nacional de Justicia.
Mientras el Estado todavía enfrenta dificultades para hacer cumplir una sentencia destinada a restituir patrimonio arqueológico, ahora se evalúa colocar en una posición de responsabilidad dentro de la misma estructura cultural cusqueña a una persona cuyo nombre aparece en los antecedentes fiscales relacionados con aquel caso.
Si la designación de Mormontoy de confirma, corresponde que el Ministerio de Cultura explique públicamente qué evaluación de integridad, idoneidad y posibles conflictos de interés realizó antes de considerar su nombramiento.
La otra historia: la UNSAAC
El segundo antecedente conduce a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. En septiembre de 2024, la Policía Anticorrupción y el Ministerio Público intervinieron la Escuela Profesional de Arqueología de la UNSAAC y detuvieron preliminarmente a tres personas, entre ellas Alfredo Mormontoy Atayupanqui. La investigación estuvo vinculada a una denuncia por presuntos recortes de remuneraciones a docentes.
La acusación descrita en las investigaciones periodísticas sostenía que docentes habrían sufrido descuentos de sus remuneraciones y que esos recursos estarían destinados al pago de una persona que no mantenía un vínculo laboral formal con la universidad.
El diario La República informó entonces que los denunciantes acusaban a Mormontoy y a Patricia Arroyo Abarca de disponer arbitrariamente el recorte de salarios de profesores contratados para destinar esos recursos al pago de Claudia Herrera. La investigación también incluyó otros presuntos hechos irregulares.
El Estado no tiene que esperar una sentencia condenatoria para preguntarse si una persona es la más adecuada para ocupar una determinada función. Pero al ministro Beingolea esto no le importa. Desde que llegó al despacho ministerial, el comentarista deportivo viene copando la institución con personajes relacionados al Partido Popular Cristiano (PPC).
La contradicción institucional
Existe otro elemento que vuelve más llamativa la eventual designación. La propia UNSAAC mantiene actualmente a Mormontoy como docente de la Escuela Profesional de Arqueología y, mediante la Resolución Rectoral N.° R-620-2026, lo designó director del Museo Inka de esa universidad desde el 5 de mayo de 2026.
Es decir, la institución universitaria le ha continuado asignando responsabilidades académicas y museísticas pese a los antecedentes de la investigación conocida públicamente. Ahora el Ministerio de Cultura estaría evaluando llevarlo a un puesto dentro de la estructura encargada de la protección del patrimonio cusqueño.
El problema, entonces, no es únicamente quién es Mormontoy. El problema es qué mensaje transmite el Estado cuando los antecedentes cuestionados de un funcionario no son considerados un impedimento para seguir ascendiendo dentro de instituciones vinculadas directamente con el patrimonio.
El componente político
Existe, además, una dimensión política que el ministro Beingolea debería aclarar. Alfredo Mormontoy fue candidato del Partido Popular Cristiano a la Alcaldía Provincial del Cusco en las elecciones municipales de 2014. Los resultados electorales consignan para el PPC 2,073 votos, equivalentes al 0.99% de los votos válidos, sin obtener representación en el concejo provincial.
Entonces aparece la pregunta que el Ministerio de Cultura debería responder: ¿La eventual designación responde a criterios técnicos y de mérito o forma parte de una lógica de reparto político de puestos?
La respuesta no puede quedar escondida detrás de una resolución administrativa.
El conflicto de intereses
Hay una cuestión todavía más delicada. Si una persona aparece vinculada a investigaciones relacionadas con funcionarios o actuaciones de la propia estructura cultural del Cusco, su colocación en un puesto con capacidad de decisión dentro de esa misma estructura puede generar, como mínimo, un riesgo de percepción de conflicto de intereses que debería ser evaluado.
Además, Alfredo Mormontoy Atayupanqui fue jefe de la oficina encargada de autorizar las excavaciones arqueológicas y, desde esa posición, habría dado luz verde a las excavaciones realizadas por Gloria Choque, esposa de Ernesto García Calderón, actual asesor en la sombra de los ministros Rogers Valencia y Alberto Beingolea. Esta relación añade un nuevo elemento que debería ser esclarecido ante una eventual designación de Mormontoy en la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco.
No basta con revisar un currículo. Un cargo en la DDC Cusco exige algo más que conocimientos de arqueología. Exige independencia, criterio técnico, integridad, autoridad moral y capacidad para adoptar decisiones sobre bienes que pertenecen a todos los peruanos.
La DDC Cusco no es un premio político. Es una oficina desde donde se toman decisiones que pueden afectar casonas, monumentos, sitios arqueológicos, proyectos inmobiliarios, investigaciones arqueológicas y autorizaciones que, mal gestionadas, pueden producir daños que después resultan imposibles de reparar.
El caso Sheraton es precisamente la demostración de lo que puede ocurrir cuando el patrimonio termina atrapado entre permisos, intereses privados, funcionarios y decisiones administrativas.
El Cusco ya conoce lo que significa que la sociedad civil tenga que enfrentarse a las decisiones de las autoridades para defender sus restos arqueológicos. El caso Sheraton movilizó a organizaciones ciudadanas, juristas, patrimonialistas y colegios profesionales. La sentencia judicial que ordenó la demolición constituye, precisamente, un antecedente de esa resistencia ciudadana.
Ahora, siete años después, el conflicto vuelve a tocar las puertas de la administración cultural. La eventual llegada de Alfredo Mormontoy a la DDC Cusco no debería consumarse en silencio. Porque una cosa es nombrar a un funcionario. Y otra, muy diferente, es colocar a una persona cuestionada por investigaciones públicas en una institución cuya primera obligación es proteger aquello que el tiempo no puede devolver.
El patrimonio del Cusco puede sobrevivir a un ministro, a un partido y a un funcionario. Lo que no puede sobrevivir es la indiferencia de quienes tienen la obligación de custodiarlo.
