Varias decenas de personas abandonaron el lugar de manera tranquila
La Policía Nacional logró restablecer el control de las áreas invadidas en las inmediaciones del santuario histórico de Machu Picchu, luego del despliegue de más de un centenar de efectivos. Desde las primeras horas de la madrugada, las fuerzas del orden ejecutaron un operativo que permitió intervenir los espacios ocupados de forma irregular. La presencia policial resultó en el retiro voluntario de los ocupantes, quienes habían instalado estructuras provisionales, como postes, mallas y techos de calamina, en terrenos aledaños a la vía de acceso a la ciudadela inca.
La intervención, realizada aproximadamente a las 05:00 horas a lo largo de la vía Hiram Bingham, se organizó en grupos de entre 20 y 30 agentes que cubrieron distintos tramos del área. En uno de los sectores más sensibles, se identificó la presencia de alrededor de diez personas, quienes decidieron retirarse sin mostrar resistencia. El operativo se desarrolló de manera pacífica, permitiendo que las autoridades reestablecieran el dominio absoluto sobre los espacios invadidos.
En paralelo al despliegue policial, Edward Martínez, asesor legal del consorcio San Antonio de Torontoy, se presentó en la comisaría local para denunciar formalmente la llegada de hasta 372 agentes y manifestar su oposición a las acciones emprendidas. Según las declaraciones de Martínez, el retiro de los ocupantes respondió a una decisión orientada a prevenir conflictos y garantizar la seguridad tanto de los pobladores como de los accionistas. El representante legal rechazó las acusaciones que calificaban a los miembros del consorcio como invasores e indicó que se trataba de una ocupación legítima con base en una autorización otorgada previamente por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
De acuerdo con Martínez, el consorcio hacía uso de aproximadamente 400 metros lineales para realizar actividades de mantenimiento, asegurando que estas no habían ocasionado daños al medio ambiente. Sin embargo, reconoció que el permiso temporal que la ANA había concedido por un período de 120 días fue anulado recientemente.
La empresa ha impugnado esta decisión, lo que ha resultado en una controversia administrativa que aún no ha sido resuelta. Adicionalmente, el representante legal sugirió la existencia de posibles intereses velados detrás de la anulación del permiso y responsabilizó a la municipalidad de Machu Picchu por cualquier eventualidad derivada del conflicto. A pesar de la tensión suscitada por el operativo, las actividades turísticas hacia la ciudadela continuaron sin interrupciones, con el tránsito normalizado para los buses que transportan visitantes al centro arqueológico.
