La candidata presidencial Keiko Fujimori planteó la construcción de dos megacárceles de máxima seguridad en el Perú, tomando como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador. Según su propuesta, ambas infraestructuras penitenciarias podrían ejecutarse en un plazo de siete meses, como parte de una estrategia para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana.
La iniciativa busca reforzar la capacidad del sistema penitenciario nacional frente al avance de organizaciones criminales, extorsiones, sicariato y otros delitos que afectan a distintas regiones del país. La propuesta también apunta a establecer un régimen de reclusión más estricto para internos considerados de alta peligrosidad.
Modelo salvadoreño en debate
El Cecot, construido durante el Gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, se convirtió en uno de los principales símbolos de su política de seguridad contra las pandillas. El establecimiento tiene una capacidad proyectada para albergar a miles de internos y opera bajo condiciones de máxima seguridad.
La posibilidad de replicar este modelo en el Perú abre un debate sobre la viabilidad de la infraestructura, los costos de construcción, la disponibilidad de terrenos y los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento.
Asimismo, especialistas en seguridad y justicia suelen advertir que la construcción de nuevos establecimientos debe acompañarse de reformas en la administración penitenciaria, el control de las comunicaciones ilegales y el fortalecimiento de las investigaciones contra las redes criminales que operan desde las cárceles.
Desafíos para su implementación
El plazo de siete meses anunciado por Fujimori constituye uno de los principales puntos que deberá evaluarse, debido a las exigencias técnicas, presupuestales y administrativas que implica desarrollar dos complejos penitenciarios de gran capacidad.
La ejecución de una propuesta de esta magnitud requeriría definir mecanismos de financiamiento, contratación, supervisión y operación, además de establecer las condiciones legales para el régimen penitenciario.
Con este planteamiento, Fuerza Popular coloca la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado entre sus principales ejes políticos. Sin embargo, la viabilidad de la iniciativa dependerá de la presentación de estudios técnicos, presupuestos detallados y mecanismos que garanticen el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
Deja una respuesta