Nuestra región atraviesa una de las crisis ambientales y sociales más profundas de su historia reciente, y es momento de que las autoridades y la ciudadanía miremos de frente una realidad que nos quema. Mientras el país debate agendas políticas en Lima, el Cusco arde en llamas y se seca en silencio. El reciente reporte oficial que eleva a siete el número de víctimas mortales por incendios forestales, sumado a la drástica declaratoria de estado de emergencia por riesgo de sequía en 116 distritos de nuestras 13 provincias, configura un escenario de urgencia absoluta que exige un cambio radical en nuestras políticas de prevención y en nuestras propias costumbres colectivas.
No podemos seguir tratando estas emergencias como catástrofes estacionales e inevitables. Los datos del Gobierno Regional y del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) son desgarradores: más de 300 incendios forestales en lo que va del año 2026 han arrasado con más de 16 mil hectáreas de cobertura vegetal, destruyendo viviendas, matando animales y extinguiendo vidas humanas, en su mayoría de adultos mayores y comuneros que intentaron defender sus tierras con sus propias manos. Aunque la intervención de naves de la Fuerza Aérea con sistemas de descarga masiva ha traído un respiro temporal en zonas críticas como Calca, la verdadera batalla no se gana apagando el fuego, sino evitando que se encienda.
El origen de esta tragedia es doble. Por un lado, nos enfrentamos a las consecuencias directas de un Fenómeno El Niño extraordinario que mantiene a la sierra suroriental con precipitaciones muy inferiores a los niveles habituales. La intensa radiación solar, los fuertes vientos y la sequedad extrema convierten nuestros campos en auténticos polvorines. Pero por el otro, está el factor humano: el 99% de estos siniestros son provocados por la mano del hombre, perpetuando la práctica tradicional e irresponsable de la quema de rastrojos y desechos agrícolas bajo condiciones climáticas insostenibles.
La reciente publicación del Decreto Supremo 140-2026, que formaliza la emergencia por escasez hídrica, debe entenderse como un llamado a la acción inmediata y no como un simple trámite burocrático. Si las lluvias prometidas no alcanzan los niveles mínimos, la subsistencia de miles de familias agricultoras, la ganadería altoandina y el abastecimiento de agua para consumo humano directo se verán severamente comprometidos en los próximos meses.
¿Qué nos falta para reaccionar? Cusco no puede depender únicamente de la ayuda tardía o de la heroica labor de un cuerpo de bomberos que ya no se da abasto. Se requiere de forma urgente:
- Fiscalización y sanciones severas: Los delitos ambientales deben ser perseguidos con rigor. La quema no autorizada en época de sequía extrema debe dejar de ser vista como una «costumbre agrícola aceptable» y ser sancionada penalmente cuando ponga en riesgo la vida y el patrimonio ecológico.
- Presupuesto real para prevención: Los gobiernos locales de los 116 distritos declarados en emergencia deben redirigir recursos de manera inmediata para la creación de brigadas comunitarias capacitadas y equipadas.
- Modernización agrícola: El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tiene la obligación técnica de capacitar masivamente a las comunidades rurales en métodos alternativos para la limpieza de terrenos que no involucren el uso del fuego.
El Cusco colonial e incaico que tanto orgullo nos da por su historia y que atrae a millones de ojos del mundo no puede sobrevivir si dejamos que su geografía, su flora, su fauna y su gente se conviertan en cenizas. La emergencia hídrica y de incendios de este octubre de 2026 debe ser el punto de quiebre. Cuidar la tierra y el agua ya no es un enunciado romántico; hoy, para el Cusco, es una estricta cuestión de supervivencia.
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