La efervescencia electoral de las Elecciones Regionales empieza a disiparse en la Plaza de Armas, pero la resaca política nos devuelve de inmediato a la realidad de cemento, fierro y expectativas frustradas. Con el procesamiento de actas de la ONPE consolidando a Verónika Mendoza como la virtual gobernadora regional, el foco de la opinión pública cusqueña debe virar con urgencia hacia el elefante blanco que duerme en las pampas de Urubamba: el Aeropuerto Internacional de Chinchero. Esta megaobra, llamada a ser el motor económico del sur del país, ya no es solo un desafío de ingeniería; es la primera y más compleja prueba de fuego política para las autoridades que asumirán el mando regional.
El panorama técnico del proyecto es una radiografía del eterno desencuentro entre los anuncios oficiales y la fiscalización del Estado. Mientras el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) intenta inyectar optimismo anunciando adjudicaciones para la torre de control y los edificios complementarios, los informes de control de la Contraloría General de la República nos aterrizan de golpe. El contratista ya arrastra un desfase no justificado que ha postergado la culminación física de la infraestructura hasta fines de 2028, empujando el inicio de las operaciones aeroportuarias reales hasta 2029. El Cusco, que esperaba ver despegar aviones este año, se encuentra atrapado en una prórroga de promesas.
Aquí es donde la política local debe abandonar el discurso de barricada y demostrar madurez de gestión. La nueva administración regional que asumirá el periodo 2027-2030 no puede limitarse a ser un espectador pasivo o un emisor de quejas hacia Lima. Chinchero necesita un liderazgo regional con la solvencia técnica y el peso político suficiente para exigir al Ejecutivo y al consorcio supervisor el cumplimiento estricto de los nuevos cronogramas. No podemos permitir que el proyecto sufra más suspensiones unilaterales ni que el presupuesto —que ya supera los 3,000 millones de soles— siga encareciéndose a costa del desarrollo de nuestras comunidades.
Gobernar el Cusco desde el 2027 implicará entender que la legitimidad no se mantiene con la retórica de campaña, sino destrabando las venas del desarrollo regional. Si la futura gestión de la alianza Venceremos aspira a viabilizar su proyecto político, Chinchero debe convertirse en su prioridad técnica innegociable. De lo contrario, el descontento social que históricamente ha dinamitado las gestiones en nuestra región volverá a encenderse, esta vez sobre una pista de aterrizaje a medio construir. La paciencia de las provincias cusqueñas ya se agotó; es hora de que la gestión pública finalmente despegue.
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