El Ministerio Público de Bolivia emitió una enérgica denuncia institucional tras la aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, calificando el procedimiento policial de «ilegal», «arbitrario» y un «secuestro» de la máxima autoridad penal del país. El arresto se produjo en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, mientras el funcionario cumplía una agenda oficial.
Funcionarios de la Fiscalía General denunciaron que, en paralelo a la captura de Mariaca, fuerzas policiales ejecutaron intervenciones no autorizadas en la sede matriz de Sucre, así como en dependencias de Santa Cruz y La Paz. La institución alertó sobre una grave vulneración a la autonomía e institucionalidad de la justicia ordinaria.
Respuesta del Gobierno y acusaciones
Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, formalizó una denuncia penal contra el ahora detenido por delitos de organización criminal, ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas. El Ejecutivo sostiene que Mariaca encabezaba una red enquistada en el Ministerio Público destinada a «proteger el narcoterrorismo», vinculándolo directamente como encubridor del capo uruguayo Sebastián Marset.
El arresto ocurre apenas dos días después de que el Departamento de Estado de los EE. UU. le revocara la visa a Mariaca bajo acusaciones de recibir sobornos del narcotráfico. El operativo policial contó con apoyo e intercambio de información de agencias de inteligencia estadounidenses.
Ante la «ausencia definitiva» de la autoridad, el fiscal superior de mayor antigüedad, Luis Montaño Morales, asumió la jefatura interina del Ministerio Público. La defensa técnica de Mariaca ha exigido el respeto al debido proceso, mientras que el Congreso boliviano convocó a una sesión de urgencia para evaluar la crisis.
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