Judicializan liberación de terrenos ocupados por cuatro colegios para la nueva infraestructura del Hospital Regional

La ejecución de la moderna infraestructura del Hospital Regional del Cusco ingresó a un complejo escenario legal. El Gobierno Regional del Cusco confirmó que se ha judicializado el proceso de desocupación de los terrenos destinados para esta megaobra de salud, los cuales se encuentran actualmente ocupados por cuatro instituciones y colegios profesionales de la región.

Ante esta situación, el gobernador regional, Werner Salcedo Álvarez, formuló un enérgico llamado al Poder Judicial exigiendo celeridad en la resolución del caso. La máxima autoridad cusqueña advirtió que la resistencia a abandonar estos predios viene generando un preocupante entrampamiento administrativo y retrasa de forma directa la disponibilidad física de los terrenos, un requisito indispensable para avanzar con las siguientes etapas del proyecto constructivo.

Salcedo Álvarez fue tajante al señalar que los predios en controversia son de propiedad del Estado y cuestionó la postura de las organizaciones que se niegan a liberar los espacios. Asimismo, recordó que, en mesas de diálogo previas, algunos de estos colegios profesionales habían asumido compromisos formales para facilitar el proceso de transición y entrega de las áreas ocupadas, acuerdos que hasta la fecha no se han materializado.

«Se tiene que dar celeridad al caso. Entidades privadas no pueden aprovecharse de terrenos que pertenecen al Estado», manifestó el gobernador regional, remarcando que la liberación de estos polígonos es fundamental y prioritaria para dotar al Cusco de un hospital moderno y con alta capacidad resolutiva que beneficie a toda la población del sur del país.

A la espera del fallo judicial

Con el caso formalmente instalado en los tribunales, el equipo legal del Gobierno Regional del Cusco se encuentra a la expectativa de una pronta decisión jurídica que defina la situación de los inmuebles. La administración regional reiteró que el interés colectivo y el derecho a la salud de miles de cusqueños deben primar por encima de los intereses particulares de las instituciones técnico-profesionales que hoy retienen el área del proyecto.

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