En lo que representa el primer gran revés político para el Poder Ejecutivo, un bloque de agrupaciones de oposición de la Cámara de Diputados rechazó el pedido de facultades legislativas solicitadas por el gobierno. Con una contundente estrategia de control político, la coalición opositora logró imponerse en las votaciones internas, acumulando pronunciamientos en contra de otorgar la potestad de legislar por decreto durante un plazo de 120 días en 66 materias distintas.
Las fuerzas parlamentarias integradas por Juntos por el Perú (JP), Partido del Buen Gobierno (PBG), Ahora Nación y Obras bloquearon de manera sucesiva los informes del oficialismo. El golpe político fue especialmente notorio debido a que la oposición logró quebrar la línea de votación incluso en dos comisiones ordinarias presididas por parlamentarios del partido de gobierno, Fuerza Popular.
Hasta la fecha, los grupos de trabajo que han manifestado su voto de rechazo técnico y político al pedido del Ejecutivo son:
- Energía y Minas (Presidida por JP)
- Infraestructura, Vivienda y Transportes (Presidida por el PBG)
- Producción, Comercio Exterior y Turismo (Presidida por Fuerza Popular)
- Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (Presidida por Fuerza Popular)
- Quinta comisión técnica en sumarse al bloque opositor.
Argumentos de la Cámara
Los legisladores opuestos al proyecto argumentaron que la solicitud presentada por el gabinete del primer ministro Luis Galarreta resulta «demasiado amplia, ambigua y genérica». Asimismo, indicaron que delegar funciones en temas cruciales de economía, tributación y seguridad sin un debate exhaustivo representaría una vulneración a las prerrogativas de control de la Cámara de Diputados.
En la contraparte, solo las comisiones de Defensa Nacional y Orden Interno, junto con la de Medio Ambiente y Sostenibilidad, emitieron informes favorables a la postura oficialista.
Siguiente paso legislativo
Pese a que las opiniones emitidas por estos grupos de trabajo no tienen un carácter vinculante, marcan un severo precedente sobre la falta de consenso que rodea la iniciativa legal. Todos los informes técnicos serán remitidos a la Comisión de Constitución, encargada de elaborar el predictamen final. Posteriormente, el texto será elevado para el debate definitivo y votación de cara al Pleno de la Cámara Baja.
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