La región de Cusco ha ingresado a un escenario de profunda preocupación e inminente movilización social tras difundirse los detalles del proyecto de Ley de Presupuesto Público para el año fiscal 2027. Según las cifras oficiales del documento, las asignaciones presupuestales destinadas a este departamento sufrirían una drástica reducción de aproximadamente 299 millones de soles, una situación que ha encendido las alarmas en el ámbito político, técnico y ciudadano.
Diversos gremios y representantes locales advirtieron que un recorte de esta magnitud afectará de manera directa la continuidad de proyectos estratégicos de inversión y desarrollo. Asimismo, señalaron que se limitará severamente la capacidad para ejecutar obras públicas de infraestructura y saneamiento, consideradas prioritarias para mejorar la calidad de vida de la población cusqueña.
CRÍTICAS A LA GESTIÓN Y FALTA DE PREVISIÓN
El malestar también ha apuntado hacia el desempeño de las propias autoridades regionales y municipales. Sectores críticos cuestionaron que los gobernantes locales recién hayan advertido públicamente sobre la gravedad del recorte una vez que el Ejecutivo presentó el proyecto de ley, considerando que la formulación del presupuesto del Estado es un proceso técnico que toma varios meses de coordinación previa con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Durante las etapas de formulación preliminar, las entidades públicas debieron evaluar y sustentar detalladamente sus requerimientos financieros en función de su capacidad de gasto real, por lo que la falta de alertas tempranas ha sido calificada como una debilidad de gestión.
CONVOCATORIA A LA UNIDAD REGIONAL
Frente al adverso panorama, dirigentes de distintos sectores sociales han formulado un llamado urgente a la ciudadanía y a las organizaciones civiles para «cerrar filas» en defensa del presupuesto de la región.
El objetivo inmediato es articular una respuesta conjunta que presione a la bancada de congresistas por Cusco y a las máximas autoridades políticas a fin de gestionar modificaciones e incrementos en las asignaciones durante el próximo debate y votación de la ley en el Parlamento.
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