En medio de una creciente preocupación por la crisis de seguridad ciudadana que golpea al país, el 19.2% de los peruanos considera que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori debe disponer la militarización de las calles como medida prioritaria para frenar la ola de delincuencia. Así lo revelan los resultados de la más reciente encuesta nacional de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI).
El estudio de opinión detalla que la exigencia de que las Fuerzas Armadas se sumen activamente a la lucha contra el crimen organizado tiene sus picos más altos en las regiones con mayor índice delictivo. Lima y Callao lideran el respaldo a esta iniciativa con un 24.4%, mientras que en las regiones del interior del país la demanda alcanza un 22%. Estos datos muestran una marcada urgencia ciudadana por medidas de control más estrictas en los espacios públicos y en las redes de transporte urbano.
La encuesta, que recoge el sentir de la población frente al avance del sicariato, las extorsiones y los robos a mano armada, coincide con el debate generado tras los recientes anuncios del Ejecutivo respecto al despliegue militar en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP). Aunque sectores de la población exigen estrategias preventivas y de inteligencia policial profunda, la opción de una presencia militar visible en las vías públicas gana terreno como respuesta inmediata al temor colectivo.
Detalles técnicos del estudio:
La encuesta nacional de CPI evalúa la percepción ciudadana sobre los principales problemas del país, situando a la delincuencia y la inseguridad como una de las máximas prioridades de la agenda nacional. El análisis geográfico confirma que el reclamo por mayor orden público no distingue sectores socioeconómicos, sino niveles de vulnerabilidad ante la criminalidad diaria.
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