En Camisea, el gas que mueve buena parte de la economía nacional vuelve a estar asociado a una pregunta incómoda: ¿quién controla realmente a quienes operan la infraestructura energética más importante del país?
El 1 de marzo, en el asentamiento rural de Saringabeni, distrito de Megantoni, Cusco, una fuga de gas natural terminó en una deflagración en una estación de válvulas del gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP). El incidente no fue un episodio menor. La emergencia obligó al Estado a declarar restricciones en el suministro de gas natural y puso en evidencia la enorme dependencia que tiene el país de una infraestructura que atraviesa territorios amazónicos y comunidades expuestas a sus riesgos. Pero la historia no terminó cuando se controló la fuga.
La Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención, con competencia en materia ambiental, abrió una investigación preliminar contra TGP por los presuntos delitos de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. El Ministerio Público busca determinar qué ocurrió, establecer las causas de la rotura del ducto y determinar si existieron responsabilidades penales.
La Fiscalía no se quedó en un escritorio. El fiscal provincial Óscar Santiago Benavides Luna llegó hasta la zona para realizar una constatación directa. Allí se verificaron las condiciones en que quedó el ducto y se dispusieron acciones para evaluar la calidad del aire y posibles afectaciones sobre el suelo, la flora y la fauna. Es precisamente allí donde el caso adquiere otra dimensión.
Porque una fuga de gas en la Amazonía no puede ser reducida a una falla técnica que se controla, se informa y luego se archiva en algún expediente administrativo. Cuando una infraestructura energética atraviesa ecosistemas sensibles y territorios donde viven comunidades, cualquier incidente debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental participa en las diligencias para establecer la magnitud de los eventuales impactos. También se busca determinar si existieron negligencias en los protocolos de operación y seguridad del gasoducto.
Y mientras los fiscales investigan, queda una realidad que no puede ser ignorada: los pobladores de la zona reportaron olores intensos y diversos malestares luego del incidente. Las autoridades sanitarias realizaron acciones de atención y vigilancia para descartar consecuencias graves sobre la salud.
TGP, por su parte, desplegó equipos especializados para controlar la emergencia y trabajó junto al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y Defensa Civil. Pero una empresa que opera una infraestructura estratégica no puede ser evaluada únicamente por su capacidad para reaccionar después de una emergencia. También debe responder por la prevención.
La pregunta central es sencilla: ¿se hicieron correctamente todas las labores de mantenimiento?, ¿los sistemas de seguridad funcionaron como correspondía?, ¿existieron alertas previas?, ¿se identificaron riesgos que no fueron atendidos?, ¿qué controles realizaba el Estado sobre la infraestructura antes de la deflagración?
Son preguntas que no pueden quedar exclusivamente en manos de la propia empresa.
Un asunto que merece llegar al Congreso
El caso TGP plantea una discusión que trasciende la investigación fiscal. El Congreso de la República debería evaluar la creación de una comisión especial investigadora que revise las circunstancias de la emergencia de Megantoni, el estado de la infraestructura operada por la empresa, sus protocolos de seguridad, sus mecanismos de prevención y el cumplimiento de sus obligaciones ambientales.
No se trata de condenar anticipadamente a TGP. Eso corresponde a las autoridades competentes y, finalmente, a la justicia. Se trata de algo más elemental: fiscalizar a una empresa privada que administra una infraestructura de enorme importancia para el país y que está vinculada a un recurso estratégico.
La investigación del Ministerio Público constituye un primer paso. Pero el país necesita saber qué ocurrió en Camisea y, sobre todo, si lo ocurrido pudo evitarse.
Porque una emergencia energética puede terminar cuando vuelve el suministro. Una emergencia ambiental, en cambio, puede permanecer durante años. Y en la Amazonía, donde el ducto atraviesa bosques, suelos y territorios habitados, las consecuencias de una falla no desaparecen cuando se apagan las llamas.
Por eso la investigación contra TGP debe llegar hasta el final. Sin privilegios, sin silencios y sin explicaciones a medias. Camisea no puede convertirse en un territorio donde la energía vale más que la seguridad de quienes viven alrededor de ella.
La Fiscalía ya abrió la puerta. Ahora le corresponde actuar al Congreso.
Deja una respuesta