Sindicatos, movimientos sociales y cámaras Pyme se movilizaron en simultáneo en Buenos Aires ante el desplome del consumo básico y la asfixia financiera.
Una jornada de masivas movilizaciones alteró el panorama político y social de Argentina, coincidiendo con la participación del presidente Javier Milei en el Council of the Americas. Miles de manifestantes, convocados por las principales centrales obreras (CGT y CTA), movimientos de la economía popular (UTEP) y cámaras de pequeños empresarios, marcharon hacia la Plaza de Mayo y el Ministerio de Economía. Los manifestantes exigieron un cambio de rumbo urgente ante la destrucción del tejido productivo y la asfixia crediticia que sufren los ciudadanos.
La protesta se da en el marco del Día del Empresario, transformado este año en una jornada de reclamo debido al cierre sistemático de comercios y pequeñas y medianas empresas (Pymes) en todo el territorio nacional.
Destrucción del entramado empresarial
De acuerdo con el último Monitor Mensual de Empresas elaborado por el centro de investigación Fundar —basado en registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo—, desde que asumió Milei se perdieron exactamente 30,633 empresas, lo que representa una contracción neta del 6% del total país. El informe técnico enfatiza que se trata de la peor caída para los primeros dos años y medio de una gestión presidencial en los últimos 20 años.
Los datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detallan que el sector más golpeado es el comercio, con una baja de 8,408 negocios, seguido por el transporte y almacenamiento (6,733 bajas) y la industria manufacturera (4,020 bajas). Analistas económicos advierten que la ruptura de la cadena de pagos y la apertura indiscriminada de importaciones están forzando a unas 76 empresas a cerrar sus puertas cada día. Esto ha provocado además la pérdida de más de 411,000 empleos formales.
Familias endeudadas para sobrevivir
En paralelo, la denominada «Marcha de los Endeudados» expuso la cara más crítica de la recesión económica interna. Las organizaciones civiles denunciaron que casi 6 millones de familias se encuentran con créditos impagos o atrasos graves, debido a que se han visto obligadas a recurrir al financiamiento con tarjetas, financieras o billeteras virtuales únicamente para costear necesidades básicas como alimentos, alquileres, tarifas de servicios y medicamentos.
Estadísticas oficiales emitidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirman la gravedad de la crisis financiera hogareña: la tasa de morosidad e incumplimiento de los préstamos destinados a familias se disparó al 12.7% en el último reporte técnico, una cifra alarmante frente al 2.5% que se registraba hacia finales de 2024. La situación se vuelve extrema en el segmento de las fintech, donde la morosidad trepó al 33% de los deudores.
Postura gubernamental ante los reclamos
Pese al reclamo generalizado en las calles de la capital que exigen planes urgentes de refinanciación y moratorias fiscales, la postura de la administración de La Libertad Avanza se mantiene inflexible. El presidente Javier Milei ratificó recientemente que la morosidad y las deudas adquiridas representan «una cuestión estrictamente entre privados», descartando de forma tajante cualquier tipo de rescate financiero o asistencia por parte del Estado nacional. Voceros oficiales de la Casa Rosada desestimaron el impacto de la protesta atribuyéndole una intencionalidad puramente política por parte de las cúpulas gremiales.
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